Santo Domingo.- Yeni Berenice Reynoso, conocida como “la fiscal de hierro”, se perfila como la favorita para ocupar la Procuraduría General de la República, según el creciente respaldo ciudadano y su amplia trayectoria en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado. La selección del nuevo procurador estará a cargo del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), lo que ha generado gran expectativa en la opinión pública.
Junto a Reynoso, en la lista de aspirantes figuran personalidades de gran prestigio en el ámbito judicial, como el ex presidente del Tribunal Constitucional (TC), Milton Ray Guevara; el ex presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa; el coordinador del Equipo de Abogados de Recuperación del Patrimonio Público (ERPP), Jorge Luis Polanco; el jurista Emmanuel Esquea Guerrero y la abogada Aura Celeste Fernández. Cada uno de estos candidatos cuenta con una trayectoria destacada y el respaldo de distintos sectores de la sociedad.
La elección del Procurador General independiente ha generado un intenso debate sobre la necesidad de fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en el sistema judicial. Diversos sectores coinciden en que la independencia del Ministerio Público es clave para combatir los abusos de poder y garantizar la aplicación de la ley sin influencias externas.
El director ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán, ha sugerido la implementación de reglamentos que establezcan un perfil mínimo para quienes aspiren a esta posición. Asimismo, ha planteado que las evaluaciones y entrevistas de los candidatos sean públicas, permitiendo a la sociedad conocer de primera mano a la persona que asumirá tan importante responsabilidad.
La población dominicana ha manifestado su deseo de contar con un Procurador General que actúe con independencia y firmeza en la persecución de los delitos, sin importar quiénes sean los responsables. La posibilidad de una procuraduría independiente representa un paso fundamental hacia la consolidación del Estado de derecho y el fortalecimiento de las instituciones democráticas.
La decisión del CNM marcará el rumbo de la justicia en el país, y la figura que resulte seleccionada tendrá el reto de garantizar la confianza ciudadana en el sistema judicial y de demostrar su compromiso con la legalidad y la transparencia.
